La brecha en telecomunicaciones es una limitación para desarrollar el Gobierno digital en el Perú que no supera la fase uno, orientada a mejorar la vida y la salud de los ciudadanos, así como el acercamiento con el Estado,
¿Qué implica un gobierno digital? La innovación en la reforma del Estado, el uso estratégico de las tecnologías digitales y datos para agilizar procesos. Todo eso permite fomentar la competitividad del país y acercar el Estado a los ciudadanos.
Sin embargo, el Perú está relegado a comparación de otros países de la región. “Estamos en el octavo puesto de nueve países, por encima nuestro, está Bolivia” señala Mariela Camargo, docente profesora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ESAN.
Este dato corresponde a la reciente edición de CADE Digital 2020, sobre los servicios digitales públicos. El Perú está lejos de un Gobierno digital por la brecha en las telecomunicaciones. Solo unos 3.5 millones de hogares tienen conexión a Internet, pero unos 4 millones 400 mil peruanos de zonas rurales no tienen acceso a la red.
VENTAJAS DE UN GOBIERNO DIGITAL
El gobierno digital no solo acercará a los ciudadanos con el Estado, fomentando que los trámites se realicen de manera completa en línea. También reducirá costos de las transacciones, generando ahorro para los peruanos.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las transacciones virtuales cuestan solo el 5% de todo lo que se destina en operaciones presenciales y previene la corrupción. En el Perú, solo el 29% de los ciudadanos logra terminar una transacción a través de medios digitales, por lo que el ahorro, todavía se mantiene en espera.
“No hemos salido aún de esta primera fase, todavía estamos haciendo esfuerzos para que las tecnologías y la innovación llegue a todas las regiones del país, principalmente en salud y educación”
Mariela Camargo
GRAN ALIADO EN LA PANDEMIA
Para Camargo, la digitalización en todas las entidades del Estado es y será un gran aliado en esta coyuntura de emergencia sanitaria. Especialmente para lograr el distanciamiento social que exige esta pandemia, sin descuidar sus actividades. El Estado debe garantizar los servicios a los ciudadanos sin que ellos, tengan que ir físicamente a los locales de las entidades públicas.
